El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció la suspensión de las actividades de las casas de apuestas en Brasil, una medida que impactará directamente a los clubes de fútbol y otros sectores deportivos del país.
Las plataformas deberán devolver los fondos disponibles en las cuentas de los apostadores antes de las 23:59 horas del 5 de octubre. A partir de las 00:00 horas del 6 de octubre, los sitios web y aplicaciones de las casas de apuestas quedarán fuera de servicio y las operaciones estarán prohibidas.
La decisión ya generó reacciones entre algunos de los principales clubes brasileños. El Flamengo advirtió sobre el fuerte impacto económico que tendrá la suspensión de las apuestas, mientras que el Fluminense pidió que cualquier cambio considere la seguridad jurídica, el impacto en el deporte y los ingresos públicos.
En declaraciones a Metrópoles, Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo, aseguró que la medida representará una pérdida de 400 millones de reales, equivalentes a unos 76.5 millones de dólares, para el club de Río de Janeiro.
El dirigente señaló que esta situación tendrá consecuencias sobre los compromisos financieros asumidos por la institución para 2027, debido a los contratos vigentes con una casa de apuestas.
El Flamengo también publicó un comunicado en el que señaló que la decisión afecta directamente al deporte brasileño. El club indicó que el impacto alcanzará al fútbol profesional, las categorías inferiores, el fútbol femenino, los deportes olímpicos y los campeonatos.
Por su parte, el Fluminense reconoció que existe un debate legítimo alrededor de las apuestas deportivas y mencionó preocupaciones relacionadas con las deudas y la adicción. Sin embargo, el club consideró que cualquier decisión debe analizar también la seguridad jurídica, la previsibilidad, la eficacia de la medida, su impacto en el deporte y los ingresos públicos.
El conjunto carioca planteó la posibilidad de establecer un periodo de transición adecuado en caso de que se produzcan cambios y pidió que las decisiones estén sustentadas en datos concretos y en la eficacia de cada alternativa.
La medida provisional entrará en vigor de inmediato, aunque deberá ser aprobada por el Congreso Nacional en un plazo de 120 días para mantener su vigencia.
Además, Lula enviará al Congreso un proyecto de ley que busca tipificar como delito las acciones de estas empresas y sus directivos. Esta iniciativa también tendrá que ser analizada y aprobada por los parlamentarios antes de entrar en vigor.
